Hace una semana, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron una masacre cometida por parte de militares en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. Las denuncias controvertían la versión oficial de las Fuerzas Militares y del mismo presidente Iván Duque que afirmaba que se trataba de una operación en la que fueron dados de baja 11 disidentes de la Farc, mientras otros cuatro fueron capturados.
No muy bien librado sale el Instituto de Financiamiento de Caldas – INFICALDAS, luego del debate de control político realizado por la Asamblea de Caldas el pasado miércoles 30 de mayo del presente año. Los diputados Mauricio Londoño Jaramillo, Jorge Hernán Aguirre López y Camilo Gaviria Gutiérrez, especialmente, fueron enfáticos en la presentación de cifras, de las cuales dijeron, distan mucho del informe presentado por el gerente de este Instituto, Juan Martin Zuluaga, a los medios de comunicación en la semana que termina; así mismo afirmaciones como “banco electoral” y “cifras lapidarias”, también quedaron en el ambiente de dicha discusión.
Luego de cuadrar con las víctimas, los comparecientes y los abogados de ambas partes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó la fecha de la primera audiencia de reconocimiento en el caso que adelanta por los llamados falsos positivos.